Preguntas anónimas    
 
 
  
 
 

/ 2010-09-14

Por: Edgardo Carrillo

Área de Difusión y Vinculación del ITIES
 

En lo concerniente a sanciones y a solicitudes de acceso a la información pública, los legisladores sonorenses tienen un área de oportunidad inmejorable pues, si bien ambos aspectos están actualmente contemplados en la ley, lo cierto es que su aplicación práctica se antoja pantanosa.

 

Y es que el derecho de la gente a conocer lo que los sujetos obligados en transparencia hacen o dejan de hacer, puede en cualquier momento atascarse –si no es que de plano hundirse– en vericuetos legales y de procedimiento.

 

Botón de muestra en lo de solicitudes de acceso, que la ley dispone pueden realizarse hasta por correo electrónico y de manera anónima si se desea, lo cual incentiva el interese por preguntar; aunque en el supuesto de que no se obtenga respuesta o ésta sea sesgada, queda interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa (el TEETI), donde el proceso se judicializa y obviamente no cabe ya la prerrogativa del anonimato ni, mucho menos, la facilidad de interactuar por medios alternativos como el teléfono o el correo electrónico.

 

Procede un escrito al Tribunal invocando la promoción del recurso previsto en el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en el que de inmediato ha de revelarse el nombre de la persona que interpone y su domicilio con ubicación detallada, e incluso los datos generales de un tercer interesado si lo hubiera; luego, los medios para recibir notificaciones, el señalamiento del sujeto obligado responsable del acto u omisión impugnada, y en general lo que es común en un trámite de este tipo.

 

Esto último conforme a lo que el TEETI entiende como requisitos (según el machote que de ellos mismos alguna vez se obtuvo), pero que vale apuntar no atiende necesariamente lo que a la letra marca la ley en cuanto a que se debe especificar “el nombre del recurrente y del tercero interesado y su domicilio si los hay…”, todo en una redacción que deja lugar a las interpretaciones acomodaticias como, por ejemplo, querer pensar que el “si los hay” abarca por igual el concepto de “nombre” y de “domicilio”, lo que abre la posibilidad de un amparo buscando no revelar el nombre al final de cuentas, o quizá pretender que “y su domicilio” alude al sitio habitacional del “tercero interesado”.

 

Pero más allá de ese ocioso análisis, volviendo al punto: No es novedad observar que esto inhibe el derecho de acceso a la información pública. Algunas solicitudes de información deben haberse truncado en este punto, prefiriendo alguien no darle seguimiento al valorar posibles enconos con otra persona involucrada (el civismo ya es otro tema; la realidad es ésta), o peor aún cuando ese solicitante se ve impedido a continuar porque sencillamente se trata de un menor de edad, el que ya en el recursos de revisión necesitará de quien lo represente, con todo y que de origen la ley abre la transparencia en general y no sólo para los que gozan la calidad de ciudadanía por edad.

 

Y aunque un muy bajo porcentaje de solicitudes desembocan en la revisión (nada más 47 de 1,882 en lo que va de este año, y 314 de 15,907 en cuatro años), lo cual haría suponer que la mayoría son satisfechas, igual cabe cuestionarse cuántas en realidad llegaron sólo hasta donde se permitía el anonimato.

 

Hay que reflexionar si al interponerse la revisión o queja, cambia algo como para no conservar las facilidades de la primera instancia de una solicitud de acceso a la información pública. Los abogados dicen que sí, y el ciudadano común piensa entonces para qué se entusiasma a la gente pregonando el fácil conocimiento de la información pública, si a las primeras de cambio el asunto empezará a complicarse para quien muy en su gusto prefiera mantenerse en las sombras del anonimato; ¿o es que ellos no tienen derecho a acceder a los datos y documentos de las autoridades?, o planteado de otra forma: sí tienen, pero no a quejarse si no se les responde adecuadamente.

 

Puede que la situación no sea tan grave en Sonora, pero es innegable que abre una ventana a quien se aferre en la opacidad, esperando que llegado el momento buena parte de los solicitantes decidan dejar las cosas por la paz.

 

En tal sentido han actuar, quizá, los organismos que a nivel federal gustan de argumentar que los datos que les fueron solicitados no existen, pero cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) los insta a hacer una segunda búsqueda en sus archivos, en el 58 por ciento de los casos resulta que sí encuentran lo que buscaban.

 

De acuerdo con el IFAI, uno de cada tres asuntos que les llegan para revisión tiene que ver con esta argucia (cabe la posibilidad de que sólo se trate de una enorme desorganización de archivos, lo que en sí mismo es señalable), sumando de enero a mayo del 2009 el 12.8 por ciento de los recursos presentados, pero que para el mismo período de este año alcanzan el 29.9 por ciento. Así, o los sistemas de archivo son un fracaso o cada vez más se antoja responder, llanamente, que no se cuenta con la información, y háganle como quieran.

 

No por nada la presidente del IFAI, Jacqueline Peschard, sentenció hace apenas unos días en una reunión con funcionarios de la Administración Pública Federal, que éstos no deben esperar la sanción del Instituto sino entregar la información sin pretextos pues “este organismo –el IFAI– no está para ver quién comete infracciones o irregularidades, sino para lograr la máxima publicidad y transparencia de la información pública”.

 

No es para menos el exabrupto de la comisionada (la verdad es que el IFAI sí está para eso), pues las negativas de información o la entrega de datos sesgados van en aumento en México, según desprende el mismo IFAI del incremento de los recursos de revisión que atiende, y que de enero a julio de este año son 4,723, contra los 6,038 de todo el 2009; es decir que en sólo medio año se alcanza ya 78 por ciento del ejercicio anterior en este rubro y, peor todavía, son casi las mismas que las 4,864 del 2007

 

Como referencia extra, vale citar que también hasta julio de este 2010 iban 59,059 solicitudes de información presentadas ante las 249 dependencias del gobierno federal, de donde surge que las que se van a queja son el 8 por ciento, en tanto que en Sonora llegan apenas al 2.5 por ciento.

 

Habrá quien con este indicador eche las campanas al vuelo a favor de la transparencia sonorense, pero más bien hay que considerar que la tendencia es la de aferrarse a la opacidad (¿para qué inferir el nivel más bien rústico de las estadísticas locales?), y que a partir de ello valdría anticiparnos e ir cerrando resquicios a favor de la efectiva transparencia.

 

En lo que hace a Sonora, es comprensible que ventilándose estos asuntos en un tribunal, deban ir dotados del sustento jurídico en toda su forma, pero cabe recapacitar si luego de la reciente reforma constitucional que convierte al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora en el órgano garante asumiendo las funciones del TEETI, será entonces necesario que de igual manera actúe como tribunal –sin serlo–; y la respuesta desde ahora es sí, pues el meollo no está en el quién sino en el con qué, o sea lo que la ley estipule.

 

Corresponde a los diputados locales efectuar las reformas que llegaran a considerar, y aplicarlas próximamente cuando deban modificar la Ley estatal de Acceso a la Información Pública (LAIPES).

 

Si deciden trabajar una iniciativa para mantener la mayor facilidad posible para el acceso a la información pública, tendrán que recurrir a fórmulas en verdad creativas y novedosas, pues el antecedente en el resto de las entidades del país, incluido el IFAI, es que necesariamente en el recurso de revisión los quejosos deben identificarse formalmente, y cuando alguien ha insistido en conservar su anonimato, lo más que se ha aceptado es que una tercera persona o ente (una organización civil, por ejemplo, dispuesta a poner su nombre al frente) retome el asunto y culmine el desahogo del recurso en representación del primer interesado.

 

Debe entenderse con lo anterior que las cosas son así porque simplemente de esa forma deben ser. Difícil creer que tres decenas de comisiones o institutos de transparencia tengan errados sus criterios en la materia. Sin embargo, eso no es impedimento para que en Sonora se busque una posición de avanzada en este quehacer.

 

Podría ser –por qué no– que aquí un recurso de revisión fuera conocido por el órgano garante incluso con su calidad de anónimo (conocido, no aceptado para desahogarlo), con la posibilidad de que de ser evidente el incumplimiento del sujeto obligado se le de seguimiento “de oficio”, con lo que se haría cumplir la ley aunque en formalidad no se asiente una queja.

 

Las sanciones serían las que correspondan y, además, se conminaría a que el sujeto obligado publicara efectivamente la información en controversia, aunque sin entregarla al solicitante original (ignorarlo como una especia de castigo por no identificarse), el que de cualquier forma la conocería si se mantiene atento al desenlace.

 

Por otra parte, en el supuesto de que la queja en efecto no proceda, se le comunicaría en tal sentido a quien aún de manera anónima esté interponiendo, otorgándole no obstante la opción de que si le conviene continúe con el recurso, pero ya debiendo exhibir su personalidad jurídica. Esa será su decisión.

 

Claro, esto son meras ocurrencias de lo inmediato. Los diputados locales tendrían en todo caso mejores propuestas.


 
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